Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza

La Ciudadanía en el Sistema Anticorrupción en México


Los pintores miembros del sindicato nos reunimos, discutimos el problema y desgraciadamente, nos dividimos. Había prendido la corrupción. Hubo quienes dijeron: “Aunque tengamos que vender nuestra alma al diablo, sigamos pintando murales”. Otros pensaron: “Si la política impide la continuación del muralismo, abandonemos México y vayámonos a los Estados Unidos”. Pero hubo quienes tercamente insistimos: “Si no tenemos las paredes fijas de los edificios públicos, tendremos las paredes móviles de las páginas de nuestro periódico”

DAVID ALFARO SIQUEIROS, La Corrupción en el Arte

LA PARTICIPACIÓN ES UNA CONDICIÓN NECESARIA PARA SEGUIR AVANZANDO

Por Ana Yuri Solís Gaona, Presidenta del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila.

Human Observer Exhibition por Gerd Altmann

En México es común que las principales noticias en los medios de comunicación sean los escándalos de corrupción, una práctica en la que participan igual figuras del medio político, como funcionarios públicos, regularmente en complicidad con los privados. El común denominador de este tipo de delitos es que operan en red, es decir, lo integran conjuntos de individuos que ejercen el abuso de poder, tráfico de influencias, los sobornos (y sus variantes) valiéndose de las incon-sistencias institucionales para así obtener intereses personales y grupales en detrimento del recurso público.

Los casos de corrupción abonan al descontento de la ciudadanía sobre el actuar del Estado y convierten la corrupción en uno de los principales problemas de atención en nuestro país y el primero para los habitantes en Coahuila, según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental del INEGI(1).

Cabe destacar que en el ámbito internacional México ocupó, en el 2018, el lugar 138 de 180 países en el índice de percepción de corrupción que calcula Transparencia Internacional (2). Para dar pasos positivos hacia el control del problema era necesario crear un mecanismo efectivo y confiable para desmantelar redes.

Así, en el año 2015, más de 50 organizaciones civiles, empresariales y un grupo de académicos decidieron formular y proponer un nuevo marco jurídico para prevenir, controlar y sancionar faltas administrativas y hechos de corrupción. Entonces se requirió el respaldo de la sociedad, y así fue como (en pocos días) se recolectaron más de 634 mil firmas que reflejaban la voluntad de los mexicanos afanosos por cambiar nuestra realidad social.

De esta forma, en el 2016, por primera vez en nuestro país las y los ciudadanos lograron incidir en la política nacional de la mano de los legisladores creando el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y sus leyes secundarias (cuyos instrumentos jurídicos se deben replicar en todas las entidades federativas), donde la participación ciudadana tiene un papel preponderante al encauzar los esfuerzos institucionales y ser el vínculo con la sociedad civil.

LA INCIDENCIA CIUDADANA EN LOS PROCESOS POLÍTICOS RECIENTES Y EL SURGIMIENTO DEL SNA

El proceso de transición democrática en México nació por la exigencia de una sociedad cada vez más plural y diversa que, durante aproximadamente dos décadas, logró promover reformas que permitieron mayor competencia electoral y conquistar ciertas posiciones gubernamentales tiempo atrás otorgadas al partido hegemónico. Podríamos decir que se promovió una agenda política diversa con una sociedad más crítica e informada.

Hacia el año 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental que incluía la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y obligaba a las dependencias y entidades públicas a contar con una práctica común de gobierno abierto, como lo es responder solicitudes de información, a través del sistema INFOMEX.

En 2012, las principales fuerzas políticas del país intentaron dar una respuesta al reclamo ciudadano en materia de impunidad y, en el Pacto por México acordaron crear la Comisión Anticorrupción, sin embargo, representó una apuesta insuficiente para atacar el problema, porque carecía de una visión amplia del fenómeno.

En el 2014 se creó el Sistema Nacional de Transparencia con el objetivo de garantizar al ciudadano el derecho de acceder a la información en todo el país, si bien la información pública posibilitó llevar a cabo investigaciones y evidenciar casos de corrupción, esto no representó una condición suficiente para combatirla.

A inicios de 2015, Transparencia Mexicana en alianza con el Instituto Mexicano para la Competitividad, lanzaron la campaña 3 de 3 para que tanto candidatoscomo legisladoreshicieran públicassus declaracionespatrimoniales, deintereses y fiscales. Dichacampaña logró posicionar el temaciudadano en la agenda pública: laCámara de Diputados aprobó en 2015 una nueva propuesta de reforma constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción y en mayo del mismo año, el Senado y más de 16 congresos locales mandataron la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (3) y la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA). La primera ubica al ciudadano en una posición capaz de encauzar las políticas dirigidas a la prevención y control de la corrupción. Además permitió que, en conjunto con organismos de la sociedad civil, se discutieran un paquete de siete leyes secundarias anticorrupción, dos nuevas y cinco reformas, con las que sumaron 800 artículos creados o modificados por propuestas de la sociedad civil.

Cuando analizó el dictamen que expide la Ley del SNA y la LGRA, Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, dijo ante el Senado de la República: “Decidimos ejercer nuestro derecho a presentar una iniciativa ciudadana, porque queremos transformar, a través de las instituciones, el régimen en el que vivimos y restaurar algo de la confianza que las y los mexicanos deberíamos tener en nuestras autoridades” (4).

Así pues, la participación ciudadana y su real incidencia en el Sistema Anticorrupción estriba en la posibilidad de ejercer plenamente las atribuciones que le confiere la propia ley pero, sobre todo, lo que se puede alcanzar desde el punto de vista del derecho privado, es decir, influir en todo, menos aquello que la ley prohíba.

LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN EN COAHUILA

La Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, espejo de la Ley del SNA, se publicó en el periódico oficial el 14 de julio de 2017, en ella se estableció la conformación del Consejo de Participación Ciudadana (CPC) integrado por cinco ciudadanos independientes con trabajo previo en los temas de transparencia, fiscalización, rendición de cuentas o combate a la corrupción.

El CPC es nombrado, a su vez, por nueve ciudadanos y ciudadanas con cargo honorario, destacados por su probidad y prestigio, provenientes de instituciones educativas, así como de organizaciones no gubernamentales llamada Comisión de Selección, quienes a su vez fueron elegidos por integrantes del H. Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza. Es importante reconocer que esta Comisión es la única en el país en haber tomado el acuerdo de garantizar, de forma permanente, la integración del CPC de acuerdo a la regla de paridad de género (5).

La misión del SNA es controlar el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista holístico, donde lo más importante son los resultados de las interacciones entre sus partes, por esa razón, una de sus piezas clave es el Comité Coordinador que tiene entre sus responsabilidades el diseño, promoción y evaluación de las políticas públicas de prevención en el combate a la corrupción.

Los integrantes del CC son las y los titulares de:

La Secretaría Ejecutiva también forma parte del Sistema como organismo de apoyo técnico al Comité Coordinador y del CPC.

El nuevo marco legal, le confiere al Consejo Ciudadano, atribuciones que podrían transformarse en al menos tres estrategias para incidir:

1) Solicitar información crucial, de primera mano y sin restricciones, conocer los posibles riesgos, los costos potenciales generados, así como los resultados de las recomendaciones realizadas a cualquier ente público del Estado, por ejemplo, mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación que faciliten el seguimiento puntual, la vigilancia y, a su vez, generen indicadores para la permanente evaluación de las acciones.

2) Participar en el proceso de toma de decisiones, en conjunto con las instituciones del Comité Coordinador y dar dirección a los proyectos de política y programas en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción.

3) Canalizar propuestas, acciones y alianzas con organismos sociales, empresariales y ámbito académico a fin de incentivar la corresponsabilidad y acrecentar los resultados en el control de la corrupción.

RETOS DE LA CIUDADANÍA EN EL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

La participación cada vez más activa de las y los ciudadanos en los asuntos públicos no radica, solamente, en la decepción o desconfianza hacia el actuar de las instituciones y el Estado en temas como el combate a la corrupción, es una condición necesaria para avanzar en democracia.

El país está ante dos escenarios: por un lado instituciones acostumbradas al control de reglas y decisiones y, por el otro, un nuevo marco jurídico moderno basado en el gobierno abierto caracterizado por la transparencia, la rendición de cuentas y, sobre todo, por una participación ciudadana con agenda pública.

La complejidad que tienen los ciudadanos para incidir de manera eficaz en el Sistema no estriba en que “no tenga dientes para ejecutar” sino en lo arraigada que puede estar la práctica del ejercicio del poder de algunos grupos que tratan de impedir su influencia. La naturaleza del encargo de los consejeros ciudadanos es trabajar con libertad, de manera responsable y superar los desacuerdos, fricciones y conflictos por el bien común.

En particular, la implementación del Sistema Anticorrupción de Coahuila se encuentra en el tránsito de la receptividad de las instituciones y entes públicos a una mejor capacidad de respuesta de la mano del Consejo Ciudadano, asociaciones civiles, agrupaciones empresariales y la academia.

Referencias

  1. INEGI. Encuesta de Calidad e Impacto Gubernamental, 2017.

  2. Transparencia Internacional, 2018.

  3. De carácter nacional articula a los tres niveles de gobierno y vincula a los sistemas nacionales de transparencia y fiscalización, además de aplicación para todas las entidades federativas.

  4. Transparencia Mexicana, 2016.

  5. Periódico Oficial del Gobierno del Estado, número 48, 15 de junio de 2018

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Revista Azimut de mayo 2019, edición 01