Perspectiva de género en la lucha contra la corrupción


Perspectiva de género en la lucha contra la corrupción

Por Ana Cecilia Mata Rodríguez, Integrante del Comité de Selección del Consejo de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Tener siempre presente la perspectiva de género dentro de organismos e instituciones y dar cumplimiento a los acuerdos internacionales donde México ha participado en la búsqueda de hacer cambios significativos en la sociedad y en el país: ahí radica la relevancia de incluir e igualar la participación de las mujeres.

Por otro lado, tenemos un Sistema Nacional Anticorrupción –relativamente nuevo– y sus subsistemas estatales, en medio de un país que ha cambiado radicalmente en los últimos meses, en términos políticos, económicos y sociales.

En este contexto, hablaremos de la participación de la mujer desde la perspectiva ciudadana y de su papel como eje transformador dentro de un sistema político, económico y social.

En la agenda 2030 de las Naciones Unidas, dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el número cinco habla de la igualdad entre hombre y mujeres y el empoderamiento de las mujeres y niñas. Sin embargo, este objetivo tiene una transversalidad entre los demás objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la igualdad de género es necesaria para alcanzar cada uno de los 17 ODS que establecen las Naciones Unidas y el Pacto Mundial.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1º prohíbe cualquier tipo de discriminación y el 4º establece que hombres y mujeres son iguales ante la ley.

Acuerdos internacionales reflejan la importancia de tomar el tema de paridad de género como prioritario en todas las esferas: política, económica, tecnológica y social. Sí, el área tecnológica por sí misma es parte preponderante para el desarrollo de cualquier país, por eso la importancia de incluirla.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el Pacto de San José de Costa Rica en 1981, establece que todos los ciudadanos deben gozar del derecho de “acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país” (1).

En 1981, México ratificó la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW), obligándose a adoptar las medidas necesarias para acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer.

Así también, en 1998, el Estado Mexicano ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), obligándose a implementar acciones específicas para cambiar los patrones socioculturales entre hombres y mujeres, incluyendo diseño de programas de capacitación, con la finalidad de eliminar cualquier tipo de discriminación.

En el acuerdo número 43 de la XII Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe –que se desarrolló en Santo Domingo en el 2013– se habla de fortalecer las formas de política gubernamental con perspectiva de género para tener estadísticas segregadas por género y contribuir a una mayor participación ciudadana (2).

Múltiples estudios nos demuestran la importancia y beneficio de involucrar a las mujeres en puestos de toma de decisión y cómo esta acción cambia el entorno, ya sea dentro de una empresa, gobierno o en una comunidad.

De acuerdo con ONU Mujeres, este beneficio va de la mano –con la indudable capacidad de las mujeres en términos de liderazgo y como agentes de cambio– de su derecho a participar en cuestiones políticas y ciudadanas de una nación (3).

La existencia de políticas públicas para establecer la participación de las mujeres en la vida pública y privada de nuestro país es un primer paso como mecanismo para incrementar el involucramiento de más mujeres en la vida democrática de un país.

Para ONU Mujeres existen dos grandes obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a puestos con niveles altos de decisión: la existencia de barreras estructurales de leyes e instituciones discriminatorias, y la relativamente menor oportunidad de las mujeres de contar con educación, los contactos y recursos necesarios para convertirse en líderes eficaces (3).

Además, sabemos que la participación de la mujer en la toma de decisiones en niveles altos de las organizaciones, instituciones o empresas muestran mejores resultados e índices más altos en rentabilidad, productividad y eficiencia.

En este sentido, tomando en consideración estos acuerdos y vista la relevancia del tema en todas las esferas internacionales, hablemos de cuál sería el ámbito en el que la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Coahuila (SEA) puede contribuir a mejorar la situación de las mujeres.

Recordemos que la Ley del SEA define a la Comisión de Selección como el órgano para nombrar a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).

Desde las primeras reuniones como Comisión de Selección se establecieron algunos criterios que considerábamos relevantes; uno de ellos fue poder establecer realmente una paridad de género dentro del CPC y asegurar que fuera permanentemente. El 10 de octubre de 2017, el Consejo quedaría conformado por tres hombres y dos mujeres, y a partir del 2018 se renovaría un lugar cada año.

Ante esta situación la Comisión de Selección tomó su preocupación y en abril del 2018 da forma al Acuerdo de Paridad de Género publicado en el Diario Oficial del Estado de Coahuila el 15 de junio del 2018, dando legitimidad al criterio de paridad de género dentro del Consejo de Participación Ciudadana (4).

Desde el primer CPC seleccionado, se tenía clara la importancia de establecer mecanismos que nos permitieran asegurar la paridad. Así que este acuerdo implicó que en el primer año prevalecería el género masculino, al siguiente el género femenino y así sucesivamente. Por lo tanto, en el proceso de selección del 2018 se seleccionaría a una mujer, por lo que la convocatoria fue abierta exclusivamente para el género femenino.

La implementación de acciones concretas que nos permitieran incorporar la paridad y tener un proceso llevado a cabo con perspectiva de género, es una de las grandes contribuciones que dejará la primera Comisión de Selección.

Cabe destacar que es la primera regla en su tipo en México en hacerse cargo, de manera integral, de las obligaciones internacionales que México tiene en materia de garantía de acceso igualitario a los cargos públicos para hombres y mujeres. Hasta el momento, ningún otro comité de selección ha realizado un acuerdo como este que garantice un plano equitativo dentro del CPC.

La integración paritaria del CPC es parte de una idea mucho más amplia que sólo garantizarla. Y es que no se trata únicamente de tener un número de mujeres que representen la parte femenina dentro del Consejo, sino que obedece a tener una mayor apertura hacia la integración de un modelo donde la participación de las mujeres sea mucho más relevante y predominante.

Cabe mencionar que, durante la gira para promocionar la convocatoria del 2018 –donde la selección sería de una mujer– hubo personas que nos cuestionaron la decisión del acuerdo, pero lo más peculiar eran comentarios que nos hacían como: “¿Ustedes creen que sí hay mujeres interesadas?”.

Por supuesto que existen en todo el estado de Coahuila mujeres capaces, con las habilidades, experiencia y conocimientos para poder participar en una convocatoria de esta índole. Se recibieron 18 expedientes de mujeres interesadas a la convocatoria del 2018, esto nos habla de un interés genuino, una afirmación de que sí hay capacidad y talento pero, sobre todo, un real compromiso de mujeres por participar en actividades de mejora en términos de rendición de cuentas, transparencia y combate la corrupción.

Hay que decir que somos la única Comisión de Selección que a nivel nacional aplica una regla de paridad de género como del Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila y podría parecer sencillo, sin embargo, es sólo un escalón más hacia una política pública aplicada a un Sistema Anticorrupción donde claramente la participación de las mujeres en decisiones ciudadanas se torna un asunto para no perder de vista.

Después de cumplir con una integración paritaria en el CPC, podríamos esperar más acciones donde las mujeres obtengan un mayor involucramiento en las actividades propias del Consejo, una mejor y mayor cercanía con los diferentes actores propios del Sistema y con los diferentes segmentos de población como jóvenes y organismos de la sociedad civil.

Para poder decir si en los hechos de corrupción existe una mayor tendencia en los hombres o mujeres, no se cuentan con suficientes instrumentos de medición ni investigación que nos demuestren que a mayor número de mujeres la corrupción podría disminuir. Sin embargo, en el estudio de Stensöta, Wängnerud y Svensson5 realizado en el 2015 se presenta una relación entre un mayor número de mujeres en el parlamento y una mayor capacidad para controlar la corrupción.

Es así como a través de la participación compartida, ciudadana y responsable, en organismos tanto de índole político, económico y de desarrollo social, es fundamental la participación de la mujer para la transformación del país y del mundo.

  1. Convención Americana sobre Derechos Humanos, Organización de los Estados Americanos. Recuperado de https://www.oas.org/dil/esp/tratados_B-32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos.htm
  2. Duodécima Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Recuperado de https://www.cepal.org/12conferenciamujer/noticias/paginas/6/49916/PLE_Consenso_de_Santo_Domingo.pdf
  3. “Liderazgo y participación política”, Organización de las Naciones Unidad Mujeres. Recuperado de http://www.unwomen.org/es/what-we-do/leadership-and-political-participation.
  4. Acuerdo de la Comisión de Selección del Consejo de Participación Ciudadana, Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza, 15 de junio de 2018. Recuperado de https://www.comisionseacoahuila.mx
  5. Helena Stensöta, Lena Wängnerud, Richard Svensson, “Gender and corruption: the mediating power of institutional logics”, 30 de septiembre de 2014. Recuperado de https://doi.org/10.1111/gove.12120

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